lunes, 21 de noviembre de 2011

El servicio universal de ADSL interpretado por un Juzgado de 1ª Instancia 3/3

La sentencia
Fijado el día de la vista, el abogado del ISP-C se puso en contacto conmigo. Reconocía que todo había sido una serie de mal entendidos a nivel administrativo, y que por su puesto se hacía cargo de todos los gastos que me había ocasionado. Tan sólo discutía los daños morales, pero por "no perder una mañana en el Juzgado" estaba dispuesta a estimarlos en 100 euros; es decir, a abonarme en total unos 250 euros.
Si no hubiera sido porque el abogado del ISP-C estimaba "perder una mañana de su tiempo en 100 euros" y por lo tanto perder yo más de diez días valía 100 euros, hubiera aceptado la transacción en ese momento. Así que le emplacé para vernos en el Juzgado y que el Juez decidiera.
El día de la vista el abogado del ISP-C era todo simpatía y talante conciliador, y entre comentario y comentario, me estuvo contando que la sentencia podía ser en cualquier sentido, que había visto de todo. El principal problema era que el Juez sería lego en la materia sobre la que se discute.
Con esa inquietud siempre presente cuando inicias un pleito, entré en la sala convencido de que era una caso evidente y sobradamente tratado en la legislación, como dicen los japoneses un "poka-yoke".
Durante la vista, el abogado del ISP-C puso en práctica su buen hacer y experiencia, es decir, empezó a divagar sobre conceptos tecnológicos que ni tan siquiera yo como Ingeniero de Telecomunicación llegué a entender en algún momento, y por supuesto no reconoció ninguna culpa en los hechos ocurridos.
Cuando me dieron la palabra, tan sólo reafirmé lo dicho, pues ¡qué más se podía decir!. ¡Todo estaba sobradamente argumentado y probado!.
Tres meses después seguíamos esperando la sentencia, así que llamé al Juzgado para preguntar. Ya me temía lo peor, pues no te demoras en tomar una decisión cuando ves la respuesta obvia a un problema.
A los pocos días, recibí la sentencia de cinco folios. Demasiado papel, ¡mal presagio!.
Un párrafo de la quinta hoja contenía el fallo:
"Desestimada la demanda formulada por D. X contra el ISP-C, debo absolver y absuelvo a la demandada de los pedimientos deducidos en su contra en la demanda rectora de autos. Con la expresa imposición de costas a la actora."
y un párrafo anterior la justificación del Juez:
"A la vista de lo anteriormente expuesto, lo único que consta acreditado es que el actor, según sus propias manifestaciones, solicitó el 13/9/10 el cambio del operador ISP-A al ISP-B, y el 14/9/10 contrata telefónicamente dicho servicio con el ISP-C. Consta por las facturas aportadas, que el ISP-C si ofreció servicio al actor, al menos telefónico, y no constan acreditados los errores e incumplimientos alegados por el actor. De forma tal que aunque pudiera admitirse que hubo interrupción del servicio, no puede estimarse acreditado que el mismo obedeciera a causa imputable a la demandada, y no a la situación generada por concertar el actor el cambio de operador con dos operadores distintos en menos de 24 horas. Razón por la cual no constando acreditado el incumplimiento alegado, procede la desestimación de la demanda ."
Cabía la posibilidad de recurrir la sentencia, que hasta este momento había sido llevada a cabo sin el auxilio de abogado ni procurador, pero para apelar, ya eran imprescindibles. Así que tras consultar los honorarios que cobraría un abogado por llevar a cabo la apelación, consistente en reafirmarse en los hechos y poner de manifiesto los errores cometidos al dictar sentencia, y que estimó en unos 1.000 euros, di por terminado este litigio.
Una vez más, la Justicia como se suele decir, "brilló por su ausencia".

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