jueves, 2 de junio de 2011

La libre interpretación de las cláusulas de un contrato

Conviene antes precisar el significado de “interpretar la Ley”.
Las Leyes, y un contrato es una ley privada que sólo se aplica a las partes contratantes, se hacen con la intención de que pueden ser aplicables a un gran número de casos, sin entrar a detallar casos concretos. Por eso, cuando se plantea una situación de hecho, hay que ver que Leyes pueden ser de aplicación y cómo se aplican a ese caso.
Sin entrar en detalles, una Ley se interpreta por los siguientes procedimientos:
  • Por la literalidad del texto, es decir, lo que directamente se entiende al leer la Ley. Si la Ley está redactada de una forma clara y precisa, se podría decir un “latizano” de los que le gustan a los abogados, “In claris non fit interpretatio”; es decir, si está claro no requiere interpretación.
  • Revisando la evolución histórica de la Ley. Sabiendo que es lo que pretende el legislador y cómo evoluciona la Ley, se puede llegar a comprender el verdadero alcance de la misma.
  • Utilizando métodos lógicos para alcanzar el significado de la Ley.
  • Considerando el sistema normativo al que pertenece y viendo sus interrelaciones con otras leyes del mismo. Como el sistema normativo tiene una finalidad, la Ley considerada ha de ser acorde con ella.
  • Buscando el elemento teleológico; es decir, su espíritu. Para ello, se considera el fin para el cual se hizo la Ley.
Dicho esto, tenemos a un experto en Leyes y contratos, es decir, un abogado, que presume de ser el máximo intérprete de las cláusulas del contrato con tu ISP. Si eres un profano en la materia legal o tienes escasos conocimientos, esto te coge desprevenido y, por vergüenza y prudencia vas a tender a pensar que esto es así hasta que empieces a oir las interpretaciones que puede llegar a hacer.
Recordar que estamos hablando en el contexto de una demanda planteada por una empresa a su proveedor de acceso a Internet (ISP) por haber cancelado sin previo aviso el contrato y haber borrado su presencia de Internet.
A principios de Febrero de 2005 la empresa iba a cambiar el domicilio donde tenía ubicado su servidor HTTP local y en el cual su ISP tenía domiciliado el contrato y por lo tanto prestaba el servicio ADSL y resto de servicios asociados.
El contrato incluía la siguiente cláusula:
El servicio ADSL se presta al CLIENTE en calidad de cliente final, para su uso exclusivo en su domicilio, no pudiendo este actuar de revendedor ni de distribuidor de ningún tipo frente a terceros ni utilizar el servicio ADSL fuera del domicilio de la instalación.
Pero si sólo tienes conocimientos jurídicos y no entiendes la literalidad del texto, pues a interpretar.
La cláusula se entiende perfectamente en su literalidad si tienes una mínima noción de lo que es el ADSL que te suministran a través del bucle de abonado de tu línea telefónica.
En Marzo de 2005 la empresa tenía previsto instalar su servidor HTTP local y tener acceso ADSL en otro domicilio, por lo que se dirigió por escrito a su ISP para que hiciera el correspondiente traslado del servicio al nuevo domicilio y pidiendo que le mantuvieran la IP fija asociada a su servidor HTTP local.
El gran problema para la empresa era precisamente mantener la IP fija, si la modificaba, tendría que reprogramar diversas aplicaciones informáticas que daban servicio a su portal y además los diversos enlaces que se habían difundido por los buscadores de Internet dejarían de ser válidos.
El argumento del abogado del ISP que expuso ante el Juez fue que “al haber solicitado la portabilidad la línea al ISP a otro domicilio se había incumplido la cláusula anterior, pues esta indica que no se podía utilizar el servicio ADSL fuera del domicilio de la instalación”.
Aunque cualquier usuario medio entiende que dicha cláusula lo único que pretende es que no hagas un agujero en la pared y compartas tu ADSL con el vecino, el abogado insistía en que el experto en contratos era él.
El letrado insistía una y otra vez, “si pidió que le portaran el ADSL a otro domicilio incumplió la cláusula citada”.
¿Quizás quería decir el letrado que la empresa pretendía conectar un cable a la roseta telefónica y desplegar varios kilómetros de cable por las calles de Madrid hasta el nuevo domicilio?
Evidentemente, no sabía de que hablaba y por lo tanto no tenía capacidad para interpretar la cláusula o por el contrario hacía “fraude de ley” al interpretar de una manera incorrecta la cláusula.
El problema de encontrar abogados especializados en tecnologías de la información, ya lo trataremos otro día.
Por aquel entonces el ISP revendía los servicios de otros proveedores, por lo que no tenía infraestructura de red propia para poder realizar los cambios de domicilio directamente, pero el proveedor del bucle de abonado telefónica podía trasladar el servicio ADSL a otro domicilio de forma trasparente para el proveedor de ADSL, siempre y cuando el nuevo domicilio dependiera de la misma central telelefónica. No era el caso, por lo que había que dar de baja el contrato actual de ADSL y volver a contratar con el mismo proveedor en el nuevo domicilio situado en un municipio distinto.
Este tipo de cambios de domicilio en los contratos de telefonía se resuelve sin contratiempos, pero cuando hay otros servicios prestados por el mismo bucle de abonado, la cosa se complica.
Si no podía demostrar que la empresa había incumplido alguna cláusula que justificara la resolución del contrato de forma unilateral por el ISP, había que rebajar la posible indemnización, así que seguimos revisando cláusulas.
Otra cláusula del contrato detallas los servicios de ADSL que consistirá en: 
  1. Una línea ADSL
  2. Unos servicios adicionales
    • Dominio propio ...
    • Cuentas de correo ...
    • 100 MB de espacio web ...
    • ...
Está claro para cualquiera y, el Código Civil así lo contempla, que una obligación puede estar compuesta de una obligación principal y otras accesorias, siendo todas ellas de obligado cumplimiento.
Pues bien, para el letrado del ISP el contrato sólo era de “servicios de ADSL”; es decir, la cuota mensual pagada por la empresa tan sólo era por la línea ADSL y el resto de servicios adicionales eran cortesía del ISP a título gratuito.
Otra vez, por ignorancia o en fraude de ley, el letrado del ISP pretendía justificar que si había provocado algún daño a la empresa al borrar todos los contenidos alojados en su espacio web, eliminar sus cuentas de correo, bloquear su dominio, ... al ser servicios gratuitos sin coste, tampoco daban lugar a indemnización alguna.
Por suerte, en este caso, el Juez vio clara la intención del letrado y le pidió que no insistiera más si no obtenía la respuesta que esperaba.
Para terminar por hoy, vamos a citar la cláusula donde se indica el domicilio para las comunicaciones.
Tras borrar de Internet a la empresa y, recuperarse el administrador del shock producido, lo primero que hizo fue remitir un telegrama al domicilio indicado en el contrato vigente pidiendo que le devolvieran sus contenidos alojados en el espacio web.
No tuvo respuesta alguna.
Varias semanas después, tras contratar a un bufete de abogados, éstos remitieron un burofax solicitando lo mismo al domicilio indicado en el contrato que fue contestado por el ISP en el sentido de no reconocer negligencia alguna y sin devolver los contenidos alojados en su espacio web.
Los contenidos se habían perdido para siempre.
Si confías en que tus documentos personales o empresariales, fotos, videos, ... van a estar en Internet alojados de forma segura en algún proveedor de hosting u otros servicios, ¡piénsatelo dos veces!.
Tendrás que seguir manteniendo tus propias copias de seguridad. Si tus documentos son modificados en la red por varios usuarios, tendrás que bajarte de forma periódica las últimas versiones a una copia de seguridad local y mantener tu propia política de control de versiones. Como tus instalaciones serán de lo más normal, no olvides hacer una copia de la copia de seguridad y guardarla en un lugar distinto, por si hay un incendio o inundación.
¡Hemos llegado al absurdo!.
A pesar de que los servidores de los ISP´s estén en Centros de Proceso de Datos preparados para mitigar cualquier contratiempo, nadie evita que por una negligencia humana voluntaria o involuntaria, tu espacio web sea eliminado y ellos no asuman responsabilidad alguna.
Volviendo a la importancia de la cláusula que determina el domicilio para las comunicaciones. En su contestación a la demanda, el ISP no reconoció haber recibido el telegrama de la empresa pidiendo la devolución de sus contenidos, pero el telegrama fue entregado según Correos. Además, respondieron al burofax del bufete de abogados que le fue remitido a la misma dirección.
Por si todo esto fuera poco, cuando el ISP contestó a la demanda adjunto como pruebas algunas comunicaciones internas mantenidas con la empresa. Entre ellas una singular, reconocía que en Mayo de 2005 todavía les constaba activo el espacio web asociado a la empresa. Es decir, el ISP podía haber devuelto los contenidos alojados en su espacio web cuando la empresa se los reclamó por telegrama, o después cuando lo hizo su bufete de abogados, pero otra vez por negligencia no lo hicieron.
Los contenidos eran los cursos que la empresa vendía por Internet y que habían sido valorados por un perito independiente como uno de los daños más importantes sufridos por la misma.
A pesar de todo ello, el Juez de primera instancia se limitó a aplicar la cláusula de limitación de responsabilidad comentada anteriormente.
¡Increible, pero cierto!

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